Perú, Ecuador y Bolivia, han implementado importantes reformas forestales en las últimas dos décadas con el fin de ayudar a que pequeños productores y comunidades de la amazonía gestionen mejor sus bosques y obtengan mayores beneficios. Sin embargo, a pesar de estos cambios, muchas personas continúan gestionando sus bosques de formas que resultan en prácticas ilegales de tala.
¿Por qué persiste la tala ilegal entre los pequeños productores y las comunidades forestales?
En busca de una respuesta a esta pregunta, científicos del Centro para la Investigación Internacional (CIFOR), visitaron bosques, parcelas agroforestales, aserraderos, oficinas gubernamentales y otros sitios en estos tres países. Entrevistaron a diseñadores de políticas, funcionarios gubernamentales y a personas que trabajan en diferentes áreas de la industria de producción forestal en busca de respuestas respuestas.
“Nos propusimos responder a tres interrogantes” afirma el investigador de CIFOR, Pablo Pacheco. “¿Cómo afectan los derechos de tenencia otorgados a los pequeños productores y las comunidades sus decisiones sobre el uso de sus bosques? ¿Cuáles son las principales barreras que impiden que los pequeños productores adopten prácticas de manejo sostenible del bosque? Y, ¿por qué los pequeños productores y las comunidades, luego de todas estas reformas, continúan aprovechando madera sin la debida autorización?”
Los investigadores encontraron que a pesar de las modificaciones a las regulaciones, las cuales constituyen en sí un paso adelante, estas no responden necesariamente a la variedad de requerimientos de los pequeños productores y de las comunidades, tal y como lo explican en un estudio publicado en el semanario científico Forests.
Y cuando las regulaciones no satisfacen sus necesidades, las personas acuden a una combinación de prácticas legales e ilegales para cortar y vender su madera.
“Es una situación diversa y compleja”, afirma Pacheco. “La legalidad solo funciona para algunos, pero no para todos”.
“Sistemas más flexibles, con mejor monitoreo e incentivos y mayor conocimiento de las demandas del mercado, pueden facilitar la vida de los pequeños productores a la vez que se garantiza que posean los recursos para que puedan beneficiarse de sus bosques y también puedan invertir en ellos” – Pablo Pacheco
Potencial vs resultados
Los tres países han progresado en sus esfuerzos por cambiar las regulaciones, pero no ha sido fácil responder a las diversas limitaciones económicas e institucionales que los pequeños productores y las comunidades enfrentan, quienes se han convertido en importantes actores en el sector forestal, afirma Pacheco.
Según estadísticas oficiales (las que podrían ser inexactas), los pequeños productores o las comunidades representan unos 7,5 millones de hectáreas (más de la mitad del área total de bosque) en Ecuador; 20,7 millones (o casi la mitad, en Bolivia); y solo 13,2 millones, (menos de una quinta parte), en Perú.
Entre los años 2008 y 2012 los pequeños productores y las comunidades contribuyeron a los mercados con una importante cantidad de madera, representando el 84 % en Ecuador y el 22 % en Perú. La mayoría de esta madera se vendió en los mercados locales de cada país.
A finales de los 90, los tres países empezaron a promover la gestión forestal sostenible (GFS) como una medida para incrementar los ingresos provenientes del bosque y estimular la conservación.
Pacheco y sus colaboradores afirman en su artículo que los diseñadores de políticas asumieron que la GFS podría incrementar los beneficios económicos provenientes de los bosques para los pequeños productores y las comunidades, y así disminuir la presión de la deforestación ocasionada por el cambio de uso de la tierra, así como también podría ayudar a complementar los ingresos de los pequeños productores y las comunidades.
Las nuevas regulaciones brindaron algunos incentivos económicos, particularmente al reducir los gastos para pequeños productores en Bolivia; y asignaron diferentes costos a los permisos forestales de acuerdo al tipo de bosque y a la escala del aprovechamiento de madera en Ecuador. En los tres países también se mejoraron sus sistemas de vigilancia que verifican si la madera es aprovechada de forma legal.
Uno de los obstáculos, afirman Pacheco y sus colaboradores, fue que las reformas pusieron énfasis en la tenencia, el manejo forestal y las ganancias para verificar la legalidad, pero no prestaron suficiente atención a los incentivos y la asistencia técnica a los usuarios locales del bosque.
Y con el tiempo, los usuarios locales del bosque comenzaron a presionar a sus gobiernos para mejorar su situación.
Una segunda ola de reformas se inició en el año 2010, con el propósito de facilitar a los pequeños productores el manejo de sus bosques al diseñar sistemas forestales más flexibles, a pesar de las preocupaciones de que tal flexibilidad pudiera derivar en un manejo forestal menos sostenible.
En los tres países, en diferente medida, estas reformas mejoraron los incentivos para la actividad forestal de los pequeños productores, introdujeron pagos y otro tipo de compensación por la conservación del bosque, y optimizaron sistemas que verifiquen el origen legal de la madera.
Sin embargo, el aprovechamiento ilegal de madera continúa en la Amazonía Occidental.
“Las reformas forestales fallaron en abordar por completo dificultades clave que los pequeños productores enfrentan al tratar de adoptar sistemas de manejo forestal sostenible” – explica Pacheco
El costo del diseño de planes de manejo y planes operativos anuales también puede ser demasiado alto para los pequeños productores, quienes no llegan a vender suficiente madera que les permita recuperar la inversión. Muchos pequeños productores, especialmente en áreas remotas, venden la madera esporádicamente en la medida en que necesitan efectivo. Para ellos, no tiene sentido emprender un plan forestal formal.
El incumplimiento de las regulaciones forestales representa un costo significativo para los gobiernos, al dejar estos de percibir ingresos fiscales. Sin embargo, al mismo tiempo, las ventas de madera son una fuente importante de ingreso para los pequeños productores y las comunidades.
¿Entonces, cuál sería la solución?
Involucrar a los pequeños productores y otros miembros de la cadena de mercados a baja escala en esfuerzos para diseñar un marco más flexible e integrado permitiendo a los pequeños productores tomar decisiones sobre la mejor forma de manejar sus bosques.
Las agencias del gobierno de todos los niveles harían mejor en cambiar su enfoque de aplicación de normas tipo “comando-control” y faciliten formas de gestión forestal sostenible, que a la vez funcionen para los pequeños productores, afirma el investigador.
Fuente: Pacheco P., Mejía E., Cano W. y de Jong W. Smallholder Forestry in the Western Amazon: Outcomes from Forest Reforms and Emerging Policy Perspectives http://www.cifor.org/library/6207/smallholder-forestry-in-the-western-amazon-outcomes-from-forest-reforms-and-emerging-policy-perspectives/